“Terminamos con Angelelli, ahora le toca a usted”: las amenazas al obispo que murió en un sospechoso accidente durante la dictadura

Dos fiscales federales solicitaron la nulidad de esa sentencia por “cosa juzgada irrita”, considerando que han reunido elementos probatorios que indican que Ponce de León no murió en un choque accidental sino que fue víctima de un crimen de lesa humanidad durante la última dictadura

La versión oficial, sostenida durante más de 40 años por el fallo de una Justicia que no implementó las mínimas diligencias necesarias para esclarecer los hechos, dice que el obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, murió instantáneamente a las 7 de la mañana del 11 de julio de 1977, en el kilómetro 212, 5 de la Ruta Nacional 9, cuando el Renault 4S que conducía chocó de frente con una camioneta Ford F-100 que se le atravesó en el camino.

Un año después, el 19 de julio de 1978, el entonces juez en lo penal de San Nicolás, Oberdan Andrin, condenó al conductor de la camioneta, Luis Antonio Martínez, por el “homicidio culposo” de Ponce de León y por las “lesiones culposas” ocasionadas al joven conscripto Víctor Martínez, que acompañaba al obispo en el auto.

Ahora, el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, y el fiscal general a cargo de la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el período de terrorismo de Estado para la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, Adolfo Villate, solicitaron la nulidad de esa sentencia por “cosa juzgada irrita”, considerando que han reunido elementos probatorios que indican que Ponce de León no murió en un choque accidental sino que fue víctima de un crimen de lesa humanidad durante la última dictadura.

El auto en el que viajaba el obispo de San Nicolás
El auto en el que viajaba el obispo de San Nicolás

La acción de nulidad por cosa juzgada írrita es un proceso judicial cuyo objeto consiste en dejar sin efecto una sentencia firme cuando se verifican ciertas situaciones contrarias al principio de “afianzar la justicia” del preámbulo de la Constitución.

Al fundamentar el pedido, los fiscales sostienen que las pruebas reunidas demuestran que existieron muchas anomalías en la investigación judicial que llevó adelante el juez Andrin, y que hay testimonios y pruebas documentales de que el obispo venía recibiendo amenazas de muerte por parte de jefes militares y que los servicios de inteligencia lo tenían bajo estricta vigilancia.

Las amenazas del coronel

El teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant -muerto en marzo de 2016 cuando cumplía una condena de prisión perpetua– era el responsable militar de la zona de San Nicolás cuando Ponce de León fue a verlo a fines de 1976 para preguntarle sobre denuncias de desaparición de personas que habían llegado a su Diócesis.

-Sí, yo los detengo, ¿y qué? – le respondió, cortante, el militar.

-Pero están desaparecidos… – insistió Ponce de León.

-Yo voy a hacer desaparecer a todos los que están junto a usted, y a usted todavía no puedo porque es obispo – le retrucó el coronel.

Este diálogo fue reproducido por el cura Nicolás Gómez antes los fiscales y es uno entre más de 20 testimonios que coinciden en que Ponce de León recibía constantes amenazas por sus reclamos por los desaparecidos, porque lo tenían caracterizado como “obispo comunista” y protector de los “sacerdotes del Tercer Mundo”.

Las cartas de monseñor

Además de los testimonios, entre las pruebas recogidas por los fiscales hay dos cartas de puño y letra de monseñor Ponce de León, donde deja constancia de las amenazas que recibía.

En la primera, dirigida al presbítero Teodoro Amondarain, escribe: “(…) Hoy he recibido dos amenazas de muerte y otra de volar el edificio”, y se despide con “un abrazo y hasta el 22 (por una fecha en la que iban a verse) o hasta el cielo”.

En la segunda le cuenta, casi telegráficamente, al mismo destinatario: “Se dice de ir a otra diócesis -puente de plata, ¡de oro!-. Entre tanto hay que preparar el alegato a Roma. Un obispo lo mataron, un obispo lo renunciaron, un obispo ……….. ( Ponce de León sólo escribe una línea de puntos, como para mostrar la incertidumbre sobre su propio destino). Abrazo”.

De la misma época data una nota firmada por la totalidad de los sacerdotes de la Diócesis de San Nicolás y dirigida al vicario castrense, monseñor Adolfo Tortolo. Allí denuncian: “Nos dirigimos a su Excelencia a fin de poner de manifiesto una inquietud que nos preocupa y nos angustia: Nuestro Obispo ha sido amenazado de muerte y lo es ya reiteradamente. Recurrimos a su Excelencia a fin de ponerlo en conocimiento de la situación y de nuestro deseo de que se encuentre una solución”.

Los informes de inteligencia

Los fiscales también cuentan con partes de inteligencia militar e informes dirigidos por el teniente coronel Saint Amant a sus superiores que dejan en claro que los movimientos del obispo Ponce de León eran seguido paso a paso por la dictadura.

En uno de ellos, cuyo destinatario es el jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, Saint Amant escribe: “(Ponce de León) se reconoce él personalmente como de la misma línea de Monseñor Devoto, Monseñor Angelelli, Monseñor Brasca y ha elogiado a estos dos últimos en ocasión de sus muertes, insinuando en el caso de Angelelli, que dicha muerte fue provocada (…) Es evidente que la Iglesia opera en la diócesis de San Nicolás bajo la dirección de Monseñor Ponce de León como una resultante de fuerzas enroladas sustancialmente en las filas del enemigo. En situaciones claves dicha fuerza opera como tal unificada bajo pantallas religiosas (…) Esta fuerza, que es la única institución a la que el gobierno le permite sacar una multitud a la calle contra el gobierno, será la principal fuerza enemiga”.

¿Investigación o encubrimiento?

Los fiscales Di Lello y Villate no se basan solamente en los testimonios y documentos reunidos en la investigación, que eran desconocidos o fueron ignorados por el juez Andrin al dictar sentencia, sino también en las fallas técnicas que éste cometió durante la instrucción de la causa por el supuesto accidente.

Al sacerdote no se le realizó autopsia ni se hicieron pericias sobre su auto
Al sacerdote no se le realizó autopsia ni se hicieron pericias sobre su auto

El magistrado no ordenó que se hiciera la autopsia del cuerpo de Ponce de León y en la causa ni siquiera hay un examen médico externo que determine la causa de la muerte; el certificado de defunción no menciona tampoco -como debería- la existencia de un certificado médico que estableciera la causa; tampoco se hicieron pericias en el lugar del accidente ni sobre el auto en que viajaba el obispo.

En otro momento de la historia argentina reciente, estas omisiones en la investigación podrían atribuirse a simple negligencia, pero para el momento de la muerte del obispo Ponce de León ya existían dos casos en los que, dada la relevancia pública de las víctimas, la dictadura había disfrazado sus ejecuciones como accidentes automovilísticos.

“Que parezca un accidente”

El 4 de agosto de 1976, el obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli viajaba en su Fiat 1500 desde la localidad de El Chamical, donde había celebrado misa hacia la capital provincial cuando, supuestamente, sufrió un accidente en la ruta que le costó la vida.

Esa fue la versión oficial de la dictadura para encubrir su asesinato. Recién en 2014, después de un largo proceso judicial, el general Luciano Benjamín Menéndez y el comodoro Luis Fernando Estrella fueron condenados a prisión perpetua como autores intelectuales de la muerte del obispo. Nunca su supo quiénes fueron los autores materiales del crimen.

El 16 de febrero de 1977, el ex diputado peronista Diego Muniz Barreto fue secuestrado junto a su secretario y amigo, Juan José Fernández, en una carnicería de Escobar, por un grupo de tareas encabezado por el subcomisario Luis Abelardo Patti. Los llevaron primero a la comisaría de Tigre y después al Centro Clandestino de Detención de Campo de Mayo, donde fueron torturados.

La ceremonia de beatificación del obispo Angelelli
La ceremonia de beatificación del obispo Angelelli

El 6 de marzo de 1977 los drogaron y los sacaron de Campo de Mayo en un auto previamente robado. En un paraje desolado, hundieron el auto, con Muniz Barreto y Fernández inconscientes en su interior, en un canal que había a la vera de un camino. Fernández despertó cuando el auto ya estaba cubierto por el agua y pudo salir. Cuando se asomó a la superficie, los secuestradores ya se habían ido. Su testimonio, brindado desde el exilio, desbarató la maniobra para hacer pasar el asesinato de Muniz Barreto por un accidente.

Ahora, el pedido de nulidad elevado por los fiscales Matías Di Lello y Adolfo Villate abre las puertas para probar judicialmente si la muerte del obispo Carlos Ponce de León fue perpetrada y encubierta con el mismo modus operandi.

En su declaración testimonial, Angelica Biancardi, estrecha colaboradora de Ponce de León, dijo que en una ocasión el obispo le había repetido una amenaza que recibió por teléfono:

-Terminamos con Angelelli. Ahora le toca a usted – declaró que le dijeron.

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