viernes, septiembre 30, 2022

Ampliación de la Corte: después de dos fracasos, el Gobierno intenta lograr alguna modificación en el Poder Judicial

El presidente y varios gobernadores en la foto del anuncio del proyecto de ampliación del número de integrantes de la Corte

A pesar de haber fracasado en los dos intentos anteriores de modificar algo en el sistema de justicia, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner va por la tercera: la ampliación a 25 del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La obsesión de algunos sectores del Frente de Todos por licuar el poder de Comodoro Py-prohijado en buena medida por el kirchnerismo desde 2003- hizo que se presentara un proyecto para mezclar el fuero federal con el de Instrucción.

A mediados de 2020, cuando la pandemia de coronavirus arreciaba, el oficialismo presentó un proyecto para diluir a los 12 juzgados federales de la Capital. Allí se investigan los casos de corrupción que involucran a los funcionarios del Poder Ejecutivo -de la actual administración o de las anteriores- pero también -entre otros- los de lavado de dinero, narcotráfico y trata de personas. Siempre ha sido el fuero con mayor relación con la dirigencia política y donde tramitan los expedientes con más repercusión en los medios de comunicación. Varios presidentes -en ejercicio o una vez que dejan el cargo- han sido denunciados en Comodoro Py, imputados, investigados, sobreseídos, procesados, enjuiciados, absueltos o condenados en Comodoro Py.

El kirchnerismo no había tenido demasiados inconvenientes en realizar “control de daño” en los casos de corrupción entre que asumió Nestor Kirchner y los últimos dos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando la actual vicepresidente dejó la Casa Rosada, expedientes viejos se desempolvaron y avanzaron causas nuevas. Algunas de ellas han llegado a juicio con Cristina Fernández de Kirchner como imputada. Eso empujó la propuesta de la licuación del poder de los 12 jueces federales.

HORACIO ROSATTI (PRESIDENTE) CARLOS ROSENKRANTZ (VICEPRESIDENTE) JUAN CARLOS MAQUEDA RICARDO LORENZETT 4 nuevos integrantes de la corte suprema
Los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

La idea del Gobierno era fusionar los 12 juzgados federales con los 11 juzgados en lo Penal Económico -que investigan casos de contrabando y evasión impositiva- hasta alcanzar 23 juzgados en lo que se iba a llamar el Fuero Penal Federal. Pero a ese número se le sumaban otros 23 juzgados de Instrucción de la Ciudad -que investigan violaciones, asesinatos, estafas, etc- hasta llegar al número de 46. Los 12 jueces federales -en realidad son menos porque hay tres juzgados vacantes- iban a estar mezclados con otros 34 jueces. Ese proyecto nunca avanzó. El Senado con los votos oficialistas aprobó la reforma judicial que no llegó a tratarse en Diputados porque no podía alcanzarse el número de legisladores necesario para convertirla en Ley.

El Gobierno nunca pudo designar al juez federal Daniel Rafecas al frente de la Procuración General de la Nación, desde donde se ejerce la jefatura de todos los fiscales nacionales y federales. Alberto Fernández lo anunció, hubo foto y desde diciembre de 2019 cuando se hizo pública la postulación, el trámite de Rafecas no ha dado un solo paso en el Senado que maneja Cristina Fernández de Kirchner. Vale la pena recordar que para la designación del jefe de los fiscales nacionales y federales hace falta conseguir los votos de los dos tercios del Senado. Igual que para nombrar jueces en la Corte.

Mientras tanto la Procuración General de la Nación está en manos interinamente de Eduardo Casal, en virtud de que es el más antiguo procurador ante la Corte . El oficialismo también intentó modificar el modo en que se elige a la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Propuso que en vez de con dos tercios de los votos del Senado se pudiera nombrar a una persona al frente de Procuración General de la Nación con mayoría simple, es decir sin consenso con la oposición en la Cámara Alta. Además se buscó modificar el carácter de vitalicio del cargo para pasar a ser de un plazo de cinco años prorrogable por otros cinco. El Senado lo aprobó pero nunca llegó a tratarse en el recinto de Diputados. Ese fue el segundo fracaso en materia judicial del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

El juez Daniel Rafecas cuando se anunció su nominación como candidato de Alberto Fernández para la Procuración General de la Nación
El juez Daniel Rafecas cuando se anunció su nominación como candidato de Alberto Fernández para la Procuración General de la Nación

En octubre de 2020 Cristina Fernández de Kirchner había dicho: ”En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ´defectos´ que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión”.

Las miradas se posaron entonces en varios de los integrantes del Gabinete y principalmente en Marcela Losardo, que manejaba el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Renunció en marzo de 2021. Fue entonces que al ministerio llegó Martín Soria -que tiene un tono aguerrido en lo discursivo y en las redes sociales-. Fue uno de los impulsores de la reforma del Ministerio Público Fiscal que también fracasó.

En el Ministerio de Justicia se mantiene desde el inicio del gobierno Juan Martín Mena como secretario de Justicia. Su presencia allí marca que ese ministerio es muy importante para su jefa política: Cristina Fernández de Kirchner. Mena habla con el Presidente y dialoga permanente con Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica y una de las principales asesoras de Alberto Fernández en cuestiones judiciales. De hecho tanto Ibarra como Mena flanquearon a Fernández en la mesa en la que se sentaron junto a gobernadores peronistas que impulsan la ampliación del número de jueces de la Corte .

Fue Carlos Menem en 1990 quien amplió la Corte Suprema de Justicia de cinco a nueve miembros. Se consolidó la mayoría automática que acompañó desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales la llamada “modernización del Estado” impulsada por el menemismo y avalada por las mayorías parlamentarias de las que gozaba el oficialismo de entonces.

Cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada impulsó el juicio político para los integrantes de aquella Corte Suprema de Justicia. Consiguió varias renuncias y primero modificó el modo de selección de los candidatos en pos de más transparencia y ocupó las vacantes con cuatro juristas respetados (tres porteños y un santafesino). En la segunda mitad del gobierno de Néstor Kirchner se produjeron vacantes pero decidieron no designar a nadie y en cambio disminuir la cantidad de jueces de la Corte. En 2006 fue la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner quien promovió la reducción del número de jueces de la Corte de nueve a cinco. La reducción iba a ser gradual hasta que se llegara al número de cinco integrantes.

En la sesión del 22 de noviembre de 2006 Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado había dicho que: “Estamos ante un hecho al que si debiera agregarle un adjetivo tendría que ser el de inédito, porque en realidad, es la primera vez en toda la historia de la República Argentina que alguien, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los cinco miembros, un camino que tuvo su origen en la Reforma de 1860″. En su exposición Cristina Fernández de Kirchner había recordado distinto momentos históricos en los que se había intentado aumentar el número de jueces de la Corte y señaló especialmente una de las ocasiones en las que se propuso la división en salas.

La actual vicepresidente dijo en un lejano 2006 que aquel proyecto que no se concretó: “También establecía la división en salas, decisión que tuvo serias objeciones —y sigue teniéndolas— por parte de muchos constitucionalistas, quienes consideraban que se rompería el criterio de tribunal único e intérprete definitivo de la constitucionalidad de las leyes si se rompía la voluntad colectiva de la Corte a través del sistema de las salas”.

“La percepción de la sociedad en cuanto a que la Justicia no funciona no tiene que ver con que haya nueve, siete, cinco, cuatro, tres o dos miembros en la Corte. Creo que la percepción de la sociedad es que no hay para los sectores menos privilegiados una administración de Justicia que llegue en tiempo y forma. O que muchas veces se juegan intereses detrás de determinadas resoluciones judiciales, que escapan tal vez a la formulación teórica de la sociedad, pero que esta percibe como intereses ajenos a los que ella demanda”, dijo Cristina Fernández de Kirchner en 2006 cuando el número no era importante para ella. El kirchnerismo cumplió la palabra y no amplió el número de jueces de la Corte entre 2003 y 2015.

Pero las cosas parecen haber cambiado porque el gobierno de Fernández y Fernández de Kirchner impulsa una ampliación del número de integrantes de la Corte. El oficialismo durante los últimos tiempos criticó duramente a la Corte. No fueron pocas las voces que se sumaron al cuestionamiento lanzado desde diversos sectores del oficialismo a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti a pesar de que varios de ellos tienen afinidad con alguna de las múltiples formas del peronismo.

Alberto Fernández juntó masa crítica al sentar a los gobernadores en la mesa de la modificación del número de jueces de la Corte. Pero eso no necesariamente se deberá traducir en los votos para aprobar una iniciativa como la propuesta. Para la foto estuvieron estuvieron desde Axel Kicillof hasta Alicia Kirchner, pasando por Alberto Rodríguez Saá, Gildo Insfrán, Jorge Capitanich y Arabela Carreras, entre otros. En la foto no estuvieron, por supuesto, los gobernadores de la oposición y algunos peronistas como Juan Scharetti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe) que no se sumaron a la convocatoria.

Las críticas sobre la Corte recrudecieron en las últimas semanas cuando el oficialismo comenzó a recibir información desde el cuarto piso de Talcahuano 550 acerca de que podría haber resoluciones importantes en causas con enorme repercusión política.

Una de ellas, la que concita la atención especialmente de los que manejan las arcas, es la disputa por los fondos coparticipables que Fernández le quitó a la Ciudad de Buenos Aires gobernada por uno de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. Ante una posible resolución del caso el “Operativo Gobernadores” se aceleró. Pero ese caso la Corte lo pasó para el segundo semestre.

Y hasta la Casa Rosada llegó otra información que hizo que la propuesta de llevar a la Corte a 25 integrantes se consolidara en foto y luego en comunicado para demostrar que ya estaba listo el proyecto.

Es que la Corte también tiene para resolver varios recursos que escalaron hasta allí en uno de los casos en los que Cristina Fernández de Kirchner está sentada en el banquillo de los acusados por el caso de corrupción conocido como Vialidad. Allí se enjuicia a los imputados de haber direccionado millones de pesos en obras públicas viales a las empresas del amigo y socio comercial de los Kirchner, Lázaro Báez. La Corte tiene que resolver solicitudes que hicieron los imputados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal 2 donde se realiza el juicio fijó fecha de comienzo de los alegatos para el 11 de julio próximo. No sería muy prolijo -explican en Tribunales- que comenzaran los pedidos de condenas o absoluciones con los recursos sin resolver por parte de la Corte. El dato que llegó a la Casa Rosada de que la resolución se acerca, fue lo que aceleró aún más la presentación de los gobernadores.

Cristina Fernández de Kirchner en una audiencia del juicio oral y público por el caso Vialidad (Reuters)
Cristina Fernández de Kirchner en una audiencia del juicio oral y público por el caso Vialidad (Reuters)

La avanzada del oficialismo sobre una Corte sacudida también por sus diferencias internas, tienen la intención –explican en Tribunales- de deslegitimar todas y cada una de las sentencias que firmen los jueces en estas semanas y especialmente aquellas que vayan en contra de los deseos políticos judiciales de los integrantes del gobierno.

Desde Juntos por el Cambio aseguran que el Gobierno –hoy- no tiene los votos en la Cámara de Diputados para que pase la ampliación de la Corte. En tanto desde el oficialismo dicen lo contrario. La aprobación en el Senado se descarta.

Si no le llegaran a dar los números en Diputados el oficialismo puede llegar a fracasar nuevamente -como lo hizo en las ocasiones anteriores con un intento de reforma de algún estamento del Poder Judicial. Entre las primeras propuestas de reformas y la de ampliación de la Corte se dieron las elecciones de 2021 en las que el oficialismo fue derrotado.

Si se cumple el vaticinio de los dirigentes de Juntos por el Cambio acerca de la falta de votos para el oficialismo en Diputados, tal vez no se pueda armar la Corte multitudinaria, federal y con paridad de género que proponen por esto días. De todos modos, aunque el oficialismo consiguiera finalmente que se ampliara el número de jueces de la Corte, sería hoy por hoy imposible conseguir los dos tercios de los votos en el Senado necesarios para las designaciones.

Y ahí habría un problema institucional inédito al menos desde la reforma constitucional de 1994: una Corte ampliada a 25 miembros pero que solo tendría cuatro integrantes designados como establece la Constitución. Los jueces de la Corte ya comenzaron a preguntarse qué hacer si eso sucediera.

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